Como ocurrió el verano pasado, el presidente aplicará medidas que afectan a distintos sectores. Se anuncia una ofensiva contra los inmigrantes, se reduce el descanso para los trabajadores y se modifica la ley de aseguradoras de riesgos de trabajo para beneficiar a las grandes empresas.
El presidente Mauricio Macri prepara una batería de decretos de necesidad y urgencia (DNU), según difundió la prensa oficialista: en los próximos días se oficializarán los cambios para endurecer los controles migratorios, reformar el esquema de feriados para eliminar los denominados «puente», y también para modificar la Ley de ART.
Infobae hizo el adelanto: la reforma de la ley de Migraciones para restringir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y, al mismo tiempo, acelerar su salida en el caso de que cometan delitos y sean condenados en el país, quedará plasmada con la firma de Macri y los ministros Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Rogelio Frigerio (Interior), de quien depende la Dirección Nacional de Migraciones.
Entre otras medidas, el Gobierno buscará establecer convenios de información con Estados Unidos, Colombia y los países limítrofes, con foco en Paraguay y Perú. También, con las empresas aéreas de transporte de pasajeros a través de los sistemas API (Información Anticipada sobre Pasajeros) y RNP (Registro de Nombres de Pasajeros), así como intensificar los trabajos en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), y en las fronteras.
En cuanto a los feriados, el propio Macri había adelantado su reducción. Considera que se trató de una política que «no fue buena para el país ni para el turismo». A finales del año pasado, el Ejecutivo envió un proyecto al Congreso para mantener un esquema de 16 feriados al año.
Por último, en relación a los cambios en la ley de ART, la idea del Ejectutivo será adoptar los lineamientos del proyecto que tiene media sanción en el Senado: durante la discusión de la iniciativa a finales del año pasado, desde el oficialismo se analizó que el proyecto de ley busca «reducir la litigiosidad del sistema de riesgos de trabajo» mediante la «previsibilidad, costos laborales razonables y una reducción de la incertidumbre en la creación de nuevos puestos de trabajo«.