l exintendente y el exsecretario de Obras y Servicios Públicos fueron favorecidos por el paso del tiempo (más de seis años) y el delito quedó impune. Así lo entendió el Tribunal Oral Federal, que declaró prescripta la causa donde se los acusaba de defraudación agravada al Estado nacional.
El exintendente Néstor Raúl Alcala y el exsecretario de Obras y Servicios Públicos, Jaime Sterin, fueron absueltos por prescripción en el juicio por los “recorridos inflados” de la empresa de colectivos El Indio.
La sentencia se conoció esta mañana en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, donde los jueces José Triputti, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido dieron a conocer la parte resolutiva del fallo (los fundamentos se conocerán el martes 13).
Tal como había pedido la defensa de Alcala, los magistrados declararon prescripta la acción penal porque pasaron más de 6 años (el máximo de pena por el delito que se los acusaba) entre que ambos dejaron de ser funcionarios públicos (el 10 de diciembre de 2007) y el último acto procesal, que fue la elevación a juicio durante el año pasado.
Esos 8 años sirvieron para que el delito supuestamente perpetrado por ambos funcionarios (y que para el fiscal estaba ampliamente probado) quedara impune. Los otros dos acusados durante el proceso penal, el empresario Diego Osorio y el exfuncionario Arturo Ripa, ya fallecieron.
Ls juecesTriputti, Díaz Lacava y Aguerrido se limitaron a hacer lugar al pedido de la defensora oficial Laura Armagno, quien representó a Alcala. De esa manera, la prescripción también salvó a Sterin cuyo abogado Mariano Alomar había hecho un pedido idéntico.
El fiscal Alejandro Cantaro los acusó como partícipes necesarios del delito de defraudación y pidió dos años de prisión en suspenso para ambos, además de reclamar la inhabilitación para cargos públicos.
Durante la instrucción se demostró que los recorridos inflados permitían que la empresa de transporte urbano El Indio cobrara más subsidios del Estado nacional. En la primera audiencia del juicio, los dos imputados se defendieron con el argumento de que ellos firmaron las planillas sobre los kilómetros que hacían en los recorridos los colectivos sin saber que estaban inflados.
Según se descubrió luego de una investigación de los concejales Claudia Giorgis y Alfredo Carrascal, la empresa declaró que recorría el 30% más de kilómetros que los recorridos reales.
Las declaraciones juradas saltaron de 700.000 kilómetros a 950.000 en un semestre. Luego de que se destapara el escándalo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) redujo a El Indio la ayuda estatal por subsidios de 1,9 millones anuales a 1,2.
La empresa tuvo la concesión municipal del servicio de transporte público hasta el 30 de septiembre de 2006. Recibió entre enero de 2005 y junio de 2006 un subsidio en efectivo de 843.715,61 pesos y 1.176.568 litros de gasoil a bajo costo. En el juicio, la concejala Giorgis declaró que la empresa “se beneficiaba y estafaba al Estado nacional”.
En su alegato, el fiscal Cantaro sostuvo que el empresario Diego Osorio, con la necesaria participación de los acusados, consumó la maniobra. “Los usuarios pagan una tasa. Y se afectaba e iba a una finalidad distinta. Claramente era una estafa”, argumentó.
El fiscal criticó a Alcala que definió el caso como una “denuncia política”. “Los concejales encargaron un trabajo al ingeniero Ricardo Lastiri. Eran 16 y no 20 vehículos activos y los recorridos estaban inflados. La empresa declaró 700.000 y en el segundo semestre de 2004 firmaron 950.000. En el año, eran 600.000 kilómetros más que el año anterior. Por el clima de conflicto con la empresa debió llamarles la atención”, contrapuso el fiscal.
“Los concejales les mandaron tres notas que ignoraron. Eso despeja cualquier duda”, apuntó, para desbaratar la coartada de los acusados de que desconocían la situación. Los concejales mandaron a la CNRT el informe y, rápida y eficientemente, bajaron los subsidios”, recordó.