Los intendentes justicialistas, de Lonquimay y de Macachín, están acusados de connivencia con los dueños de los prostíbulos “Good Night” en el caso de Rogers y “La Chicho Show”, en el proceso contra Cabak.
El juez Federal de Santa Rosa, Luis Salas, elevó a juicio la causa por trata de personas en la que el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, y el exjefe de Policía de esa localidad, Carlos Alanis, están acusados de ser cómplices de una red que explotaba mujeres en el prostíbulo que funcionaba en el pueblo, “Good Night”.
Además, en otra resolución firmada en las últimas horas, según confirmó a El Diario, el juez procesó al intendente de Macachín, Jorge Cabak, por un caso similar en un prostíbulo de ese lugar.
Roger, jefe comunal de Lonquimay, fue relecto en las últimas elecciones. Es el tercer mandato que encara la intendencia de la localidad ubicada a 60 kilómetros de Santa Rosa. Llegó a decir que los prostíbulos eran “un lugar de esparcimiento para jóvenes”.
En diciembre del año pasado la Sala IV de la Cámara de Casación Penal había revocado los sobreseimientos de Rogers y el policía Alanis en la causa por trata de personas con fines de explotación sexual. La exjueza Iara Silvestre los había procesado pero la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca los sobreseyó. Sin embargo, esa decisión fue apelada y revertida en diciembre del año pasado. Ahora, el juez Salas los manda a juicio en el Tribunal Oral Federal, que deberá fijar fecha.
Ambos están acusados de ser cómplices de una red que explotaba mujeres en “Good Night”, un prostíbulo ubicado en la entrada de Lonquimay a la vera de la ruta 5. Rogers, jefe comunal del pueblo de 1500 habitantes, había hecho declaraciones públicas en contra del cierre del local. Pero además había aprobado la habilitación del lugar como “servicios de salones de baile”. También había firmado las libretas sanitarias de las mujeres prostituídas, que incluían estudios ginecológicos y de HIV.
En mayo de 2014 ambos imputados habían sido procesados. Seis meses después la Cámara Federal de Bahía Blanca hizo lugar al pedido por la defensa y revocaron la decisión. En esa línea, el fiscal Alejandro Cantaro y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, presentaron un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal que finalmente revirtió el fallo de la Cámara Federal bahiense que luego fue mantenido por el fiscal de Cámara, Raúl Plee.
La causa por Good Night comenzó hace seis años a partir de distintas denuncias. En julio de 2009 el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones, Carlos Alberto Chico, había pedido la intervención del teléfono de Carlos Fernández, el dueño del local. Lo investigaba por presuntas irregularidades. Sospechaba que allí había víctimas de trata. Para sorpresa del policía, en las escuchas aparecieron dos nombres: el del subcomisario Alanis y el del intendente Rogers.
En septiembre de 2009, una joven santiagueña que había llegado a La Pampa por una oferta laboral, denunció que había sido secuestrada en “Good Night” y era víctima de explotación sexual. La mujer había logrado irse del lugar después de pagar por gastos de comida e higiene.
En octubre de ese año apareció otra acusación: una mujer que había trabajado desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay, relató ante la justicia provincial cómo el subcomisario Alanis era cómplice de distintos delitos vinculados al proxenetismo. La misma mujer agregó que el policía tenía una relación estrecha con el intendente Rogers y con Fernández, dueño del local en cuestión.
Después de estas tres denuncias, el 28 de octubre de 2009 se hizo un allanamiento en el local nocturno. La policía encontró tres mujeres salteñas, víctimas de trata, y un cuaderno donde estaban anotados los “pases”, como se nombra en la jerga al acto de pagar para tener relaciones sexuales. Fernández se quedaba con el 50% de la ganancia ylas mujeres no podían salir del lugar ni disponer de la totalidad del dinero ganado. Una de ellas declaró que estando enferma recibió asistencia ni medicamentos. “Vos tenés que hacer plata”, le respondió el dueño en esa oportunidad.
Por otra parte, el juez Federal de Santa Rosa, Luis Salas, también firmó en la última semana una resolución y procesó al intendente de Macachín, Jorge Cabak, quien todavía puede apelar la resolución ante la Cámara Federal de Bahía Blanca. Se lo acusa de ser cómplice de la trata de personas en el prostíbulo “La Chicho Show”.
La causa había sido iniciada por la denuncia de una pareja que manifestó haber sido víctima de la trata de personas en un cabaré de Macachín hace unos años. Cabak y el ex comisario de la localidad, Hugo Iglesias, fueron indagados en la sede del Juzgado Federal de Santa Rosa.
En agosto de 2011 Raúl Alberto Lobo, de 47 años, denunció que a su esposa, Patricia Mariel Gil (31 años) -con quien había llegado de Tucumán en 2006 para trabajar en el cabaré “La Chicho Show”-, la obligaron a ejercer la prostitución. Lobo debía hacer trabajos de mantenimiento y ella tareas domésticas en el complejo que, afirmaban era propiedad de Daniel Luis De Luca.
Al tiempo a la mujer le asignaron atender la barra pero más tarde, cuando De Luca se radicó en Mar del Plata, se hizo cargo del lugar Edmundo “Dito” Blas (ex presidente del Club Macachín y edil del PJ). Aseguró que a su mujer le obligaron a ejercer la prostitución desde el 2010.
El hombre y la mujer se fugaron a Tucumán, y pidieron que se inicie una investigación de oficio. Después el Concejo Deliberante de Macachín produjo tres reuniones en solo una semana, una entre los ediles, otra con el comisario Iglesias y también con el intendente Cabak; y hubo coincidencias para decidir el cierre del cabaré.
La entonces fiscal federal Marta Odasso ordenó un allanamiento al local por parte de personal de la delegación en La Pampa de Migraciones, la Brigada de Investigaciones y personal de la Comisaría del Equipo de Abordaje de Incidentes Críticos, y también la policía local.
Luego la Justicia Federal procesó al propietario del cabaré, Luis Daniel De Luca, y también a “Dito” Blas (ex concejal del PJ en la década del ’80) y a Leandro Otero, ambos colaboradores del dueño. El procesamiento alcanzó a un remisero que trabajaba con el prostíbulo, y a Maximiliano De Luca, acusados de ser partícipes necesarios del delito de trata de personas. Más tarde se citó a indagatoria al intendente y al comisario Iglesias.