«Nos expresamos en contra del mismo ya que no tan sólo vulnera derechos adquiridos, sino que también establece una grave amenaza para el sistema público de reparto, estableciendo los pasos previos y necesarios para realizar una reforma previsional que vuelva a dar participación a las entidades privadas de capitalización, modificando el paradigma de un sistema público y solidario por un sistema privado, individualista y que termina favoreciendo a grupos empresarios que lucran con los aportes de las/os trabajadores», puntualizaron.
Para los sindicatos pampeanos, el proyecto oficial «vulnera derechos humanos fundamentales (el derecho al cumplimiento de la ley, el derecho al respeto de las sentencias, el derecho al seguro social, el derecho a la igualdad ante la ley); bajo la apariencia de solucionar el problema de los haberes bajos y los reclamos judiciales pendientes se pretende desmantelar el sistema de reparto y generar su falta de sustentabilidad para inclusive aumentar la edad jubilatoria de todas/os los trabajadores».
También advirtieron que «para el pago de juicios no están incluidos las/os docentes de todos los niveles, incluidos los universitarios, entre otros; sustituye la posibilidad de jubilación con moratoria por la de pensión, lo cual significa un haber del 80 por ciento de la jubilación y otros perjuicios; habilita la venta de acciones del Estado Nacional en las empresas, debilitando la capacidad del Estado, y produciendo un desfinanciamiento concreto del ANSES, que sustentaba otras políticas sociales como el Progresar y el Procrear».
«Exigimos al Gobierno nacional y a los legisladores nacionales que no avancen en contra de los derechos adquiridos y contemplados en el actual régimen jubilatorio, ni establezcan medidas que pongan en peligro su financiamiento por medio de la perdida de los Fondos de Garantías Sustentables y cumplan las leyes actualmente vigentes para el cumplimiento del pago de los juicios. Los trabajadores y trabajadoras no renunciaremos a la defensa de un sistema previsional de reparto, público y solidario», finaliza el documento.