Le envió una nota a los concejales para que  no otorguen una habilitación provisoria. En la sesión también aprobaron la apertura de una calle e ingresaron proyectos de la Asociación de Inquilinos.

Elba Liliana Ortiz presentó una nota para que se mantenga la clausura de la confitería La Recova por falta de habilitación ya que el inmueble se encuentra en un diferendo judicial por su propiedad.

En el escrito pidió que “el estado Municipal se abstenga de realizar cualquier acción que vulnere el derecho de propiedad de los herederos de Ángel Manuel Ortiz Cereceda”. La nota será tratada en la Comisión Administrativa y Reglamentos.

Por otra parte La concejala del FrePam, Claudia Giorgis, pidió la palabra para mocionar el  ingreso como punto IV.9  de un Proyecto de Ordenanza que modifica el artículo 2 de la Ordenanza 3466/06 sobre la actualización de costos para la apertura de las calle Centeno continuación Chacabuco.

Esa obra se hará para dar respuesta “a un viejo reclamo de esa barriada para la integración con el resto de la ciudad y la refuncionalización de la zona. Es un paso importante darle esta herramienta al Ejecutivo con la readecuación de costos para el cordón cuneta y asfalto, que como hemos aclarado en el Expediente, existe el compromiso de la Caja de Previsión Profesional que es la que mayor carga tiene en lo que es el costo de la obra”, pidió.

La moción contó con el acompañamiento de todos los ediles y fue aprobada la actualizacón de costos por unanimidad.

Inquilinos. Esta mañana Plan B Noticias adelantó que la concejala Cristina Lezcano presentó un proyecto para la creación de un registro de viviendas en alquiler y para que se le brinde asesoría legal gratuita a quienes tienen que arrendar una casa para vivir.

Sobre las iniciativas Lezcano explicó que se trata de “una solicitud de la Organización de Inquilinos de Santa Rosa, habida cuenta de la problemática que sufren las personas que alquilan” y detalló que en Santa Rosa “existen viviendas que no cuentan con los planos de edificación aprobados, que no cumplen con la legislación en materia de seguridad eléctrica, que presentan sistema de calefacción averiados y condiciones edilicias que constituyen un riesgo para la salud”. Indicó además que este tipo de registros existen en otras ciudades del país, por lo que consideró que si hay voluntad política es factible su concreción.

Y sobre el asesoramiento legal añadió que “también está relacionado con el proyecto anterior de los inquilinos y surge de los abusos de algunos propietarios y de algunas inmobiliarias en relación al desconocimiento que muchas veces presentan las personas que alquilan”. Refirió que también en otras ciudades existen estas Asesorías como Defensorías u Oficina del Inquilino. Pero visto y considerando que es un gasto excesivo para la municipalidad teniendo en cuenta la situación en que se encuentra, creo que con un asesor legal podríamos darle una solución a los vecinos y vecinas de la ciudad en cuanto a informar y promover sus derechos”.

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