Esta con prisión preventiva por 30 días sin fundamento alguno. Esta por daño en concurso real amenaza simple, con lo cual la escala penal va de 1 a 3 años. Es excarcelable. Por lo que no podría tomarse como un peligro procesal la escala penal del delito», dijo Aimar.
«Por otro lado, riesgo de fuga nulo porque son una familia con asiento en Santa Rosa, es una persona conocida por la actividad económica que desarrolla. Y el peligro de obstaculización en la investigación tampoco aplica porque son diligencias de rigor que desarrolla personal policial y poder judicial», remarcó.
«Es decir, los peligros procesales detallados en los artículos 244, 245 y 246 existen. La medida gravosa de privación de libertad tranquilamente de puede sustituir por cualquier otro supuesto contemplado en el art 247 del CPP», agregó la abogada Aimar.
«Tampoco se encuentran cargados en la causa los fundamentos que justifiquen el allanamiento en el local comercial de la familia, más que un intento de evitar que se desempeñen económicamente. Es su fuente de ingresos», señaló la abogada de Cabrera.
» Y lo único que hay son dos vídeos grabados por un policía, una especie de persecución policial. Porque eran 9 personas desarmadas. De las cuales 8 eran mujeres. Estaban hablando con jueces como Sáez Zamora y Fazzini. Nunca existió la agresión que le enrostra», afirmó Aimar.
» Era una manifestación pacífica. No se aportó tampoco ni el supuesto daño a su auto, ni amenazas», enfatizó Camila Aimar
La manifestación contra condenas por «abuso sexual» se realizó el miércoles al mediodía. La protesta la realizaron familiares de Hugo González, de Sebastián Rodríguez y de Junior Cabrera. Afirman que se trata de «falsas denuncias» que terminaron en condenas de cárcel. Fue en el marco de una protesta nacional.
Mientras los manifestantes estuvieron en el lugar hablaron con otros jueces como Daniel Saez Zamora y el juez laboral Fazzini. Pero cuando salió el fiscal Marcos Sacco hubo una agresión: la bloquearon la salida del auto y después le patearon la puerta del vehículo.
Por la tarde del día jueves, por orden de la fiscala Cecilia Martiní se allanó la concesionaria «Spinetto Automotores», el procedimiento cuestionado por la abogada Camila Aimar.