El abogado Fernando Savid Buteler, que representa a un grupo de 55 trabajadores del exfrigorífico General Acha que reclaman el 50% de la indemnización, pidió la recusación con causa del juez Gerardo Bonino que tiene a su cargo el trámite de la quiebra. Aseguró que el juez perdió la «idoneidad» e «imparcialidad» con decisiones adelantadas con la intención de permitir la reapertura de la planta sin haber resuelto antes la quiebra e incidentes de verificación, y sin darle la posibilidad a los extrabajadores de acceder al acuerdo alcanzado por la empresa demandada y al tercero que tiene un contrato de alquiler, que ha sido seriamente objetado por el síndico.
Además, según Buteler, la denuncia penal que el juez Bonino radicó contra su persona y tres exdueños del frigorífico para que los investigue por «estafa procesal» durante el proceso de quiebra, «no es sino una apariencia para justificar la suspensión de los procesos de ejecución y verificación». O sea, sacar de la causa a esas partes y avanzar con el acuerdo de reapertura. Esa denuncia, que fue archivada por el Ministerio Público Fiscal, fue «por hechos que ya eran conocidos e investigados por las autoridades pertinentes desde hace más de cuatro meses».
Buteler, en el escrito de recusación al que accedió El Diario, resume que Bonino «no ha formulado una denuncia penal en virtud de haber tomado conocimiento de la supuesta comisión de un hecho ilícito en el ejercicio de sus funciones, no lo consideró así ni cuando se lo plantearon por primera vez, ni cuando se hizo pública la denuncia y V.S. entregó la documentación a la fiscalía, sino que la misma tiene la intención de que mi parte no pueda exigir el pago de su crédito y quede obligado por las resoluciones que se tomen sin su intervención en virtud de la suspensión ordenada, vulnerando gravemente su derecho de defensa en juicio y causando un gravamen económico irreparable».