La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó la condena contra la Provincia de La Pampa y el policía Fernando Martín Safenreider, en la demanda por daños y perjuicios promovida a raíz de la muerte del cazador Héctor Santiago Garialdi. El tribunal solo revocó el rubro referido al costo de reparación para el dueño de la camioneta.
La resolución fue dictada por la jueza Laura Cagliolo y el juez Guillermo Salas, integrantes de la Sala 3. El fallo condenatorio de primera instancia había sido rubricado por la jueza civil Adriana Pascual.
La Provincia negó que no hubiera acreditado pruebas para sostener su postura. Y, recurriendo a la sentencia penal, extrajo varios pasajes del texto y los enumeró: a) Garialdi integraba un grupo que desplegaba una actividad altamente riesgosa e ilícita; b) los policías se encontraban en el lugar a partir de la denuncia que efectuó un particular sobre la presencia de cazadores furtivos; c) no sabían de antemano la gravedad del caso; d) la camioneta en vez de detenerse intentó esquivar al patrullero, e) a raíz de la reacción de los cazadores, encontrándose en un camino vecinal, de tierra, de noche y a 40 kilómetros por hora, fue que Safenreider sintió miedo y disparó; y f) la muerte de la víctima se produjo con el primer disparo, el resto no tuvo incidencia causal en el resultado final.
Sin embargo, Cagliolo y Salas dijeron que «cuando en la relación de causalidad se conectan la intención de causar un perjuicio (dolo) con la culpa, la primera descarta a la segunda por su virtualidad o eficiencia en la producción del perjuicio, y ese dolo puede ser de la víctima o del victimario. Si es del victimario, no puede pretender eximirse de responsabilidad, ni siquiera parcialmente, alegando que la víctima le facilitó los hechos con su negligencia o imprudencia».
Por eso, concluyeron –al igual que Pascual– que la responsabilidad de Safenreider fue innegable. Para eso se basaron en la condena penal que habló de una conducta dolosa.