Una disputa por la competencia de la investigación paralizó las causas vinculadas a las supuestas extorsiones que se denunciaron ante el Poder Judicial y que ponen bajo la lupa a distintos dirigentes de organizaciones sociales que administran planes de empleo.
A partir de trascendidos públicos, denuncias concretas y testimonios, la fiscala Iara Silvestre había impulsado una investigación para establecer si se cometieron delitos, pero una disputa entre el juez federal Juan José Baric y la jueza provincial Florencia Maza obligó a que la Corte Suprema de Justicia tenga que resolver cuál de esos ámbitos es el indicado para intervenir.
Esa situación puede demorar, incluso con plazos que son una verdadera incógnita, cualquier avance para resolver los hechos.
Los pasos iniciales se dieron en la Justicia Federal cuando la fiscala Iara Silvestre motorizó una investigación a partir de denuncias públicas por diversas anomalías y presuntas extorsiones.