La Universidad Nacional de La Pampa participará en forma directa y activa del monitoreo que las universidades de todo el país harán respecto del programa «Potenciar Trabajo», con la idea de mejorar los controles en ese rubro y en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social.
En la provincia hay alrededor de 2.500 programas «Potenciar Trabajo», que es el nombre unificado bajo el cual se agruparon distintos planes que tenían características propias.
El convenio establece que se promoverá la finalización de los estudios obligatorios, la formación laboral y la certificación de competencias, así como también la creación, promoción y fortalecimiento de unidades productivas gestionadas por personas físicas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, con la finalidad de promover su inclusión social plena y el mejoramiento progresivo de sus ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica.
A partir de una campaña de ataque a esos planes, en cóctel con las aseveraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, posicionándose en que el Estado debía hacerse cargo del asunto y no «tercerizar» en organizaciones, distintos actores públicos y políticos pusieron la problemática en el centro de la escena.
Así como se inició una ofensiva judicial persecutoria, con denuncias, allanamientos, sospechas y expedientes, el Estado nacional activó para que las universidades jueguen un rol en las políticas de fiscalización. En el caso de las universidades eso se asocia también a tareas de formación y educación.
El secretario de Políticas Universitarias de Nación, Oscar Alpa, que es a la vez rector en uso de licencia, confirmó que la UNLPam formará parte de ese proceso. También ratificó, aunque aclaró que no tenía los números precisos a disposición, que en La Pampa existen unos 2.500 «Potenciar Trabajo» del 1.300.000 que hay en el país.
La expectativa es que en La Pampa la UNLPam pueda evaluar esas situaciones antes de que termine el año, para dejar esa herramienta en manos del Ministerio encargado del área social, que será el que tome medidas sobre el tema.