Tanto los primeros denunciantes -los hermanos Gómez, como el testimonio de Carla- revelan que los beneficiarios del plan «Potenciar Trabajo» eran obligados a la compra de productos panificados, cuya recaudación no tenía un fin transparente. También, siempre a esta versión, fue un elemento de presión para los beneficiarios, que terminaban agobiados por deudas.
“Yo tenía que comprar obligatoriamente los productos. Te los daban para vender, pero en el barrio es difícil y tenías que pagar de tu propio bolsillo”, dijo Carla en la entrevista con El Diario.
“Nos mandaban mensajes y nos decían: ‘compañeros, no se olviden de la cuota’. Y organizaban reuniones informativas en la CGT para asegurarse que lo iban a cobrar”, afirmó.
Otro testimonio de una mujer que llegó a este diario luego de la trascendencia del caso del Movimiento Evita, explicó que algunas beneficiarias del «Potenciar Trabajo» ponían plata de su bolsillo para «mantener la rueda y no perder ese ingreso».