El conflicto que pone en riesgo la existencia de escuelas hogares en la provincia es visibilizado hace largos meses por docentes a quienes el gobierno prefiere no atender, bajo el argumento de que no están institucionalizados como corresponde.
El Sindicato de Docentes de Escuelas Hogares y Rurales exigió de manera formal que el gobierno provincial revise y modifique las normativas que «discriminan y excluyen» al sector.
Puntualmente, el gremio en formación, que tiene un paraguas institucional nacional y al que el Ministerio de Educación se ha negado sistemáticamente a recibir, pide «reparar las contradicciones y discrepancias» que existen en la resolución N°380/22 por «discriminar y excluir del sistema educativo a las escuelas hogares», entre otras cosas «por no permitir el libre acceso de estudiantes».
Los y las docentes plantean que desde el oficialismo directamente «obstruyen el ingreso de niños y niñas» y «se excluye a los docentes» de una comisión paritaria que analiza las problemáticas vinculadas a esos establecimientos.
El documento que señala estos planteos lo firman Bruno Paoli, secretario general; Ana Claudia Rodríguez, adjunta; Héctor Osman González, secretario de Asuntos Laborales; Guillermo Andrés Gareis, Finanzas y Administración; Andrea Verónica Arto, Acción Social y Giselle Marión Mathieu, Capacitación Cultura y Difusión.