Carlos Nicolás «Junior» Cabrera, el joven santarroseño de 21 años de edad acusado de abusar a la joven Emiliana Casal Simons (22) se encuentra preso desde mediados del mes de diciembre de 2020 sin que hasta el momento se hayan reunido elementos probatorios de la comisión del supuesto hecho denunciado.
A pedido de la Defensa, el próximo miércoles 10 de marzo se realizará una audiencia de reexamen del estado de detención.
La familia del jóven refiere un manejo de la causa por parte del Poder Judicial que evidenciaría un claro abuso de poder, con medidas privativas de libertad absolutamente injustificadas y desproporcionadas que darian cuenta que se están violando el derecho de defensa y derechos humanos fundamentales. A lo anterior se suman medidas de restricción dispuestas a los integrantes de la familia del acusado (no así a la denunciante ni su familia), limitando el derecho a expresarse y peticionar justicia.
Las diligencias practicadas hasta el momento en el expediente denotarían una clara falta de imparcialidad en el desempeño del Fiscal Sacco, quien -afirman- no investiga qué sucedió sino que actúa abonando una única posición, la de la culpabilidad. «Aquí el Poder Judicial no investiga cuáles son los hechos. Aquí se señaló un culpable -sin pruebas- y se salen a buscar elementos para probarlo. El Fiscal no solicitó aún la requisitoria de elevación a juicio y eso porque no tienen elementos para tener por probado el hecho denunciado». Cualquier ciudadano de a pie advierte sin esfuerzo que la versión de los hechos de la denuncia está plagada de contradicciones. Lo cierto y corroborable es que la justicia pampeana mantiene preso a un joven que aún no ha sido juzgado ni menos aún sentenciado, lo que controvierte el principio de inocencia del que goza todo ciudadano.
Los padres de Carlos Junior Cabrera reclaman por su inmediata liberación, y que se investigue con seriedad, igualdad y permitiendo el pleno ejercicio del derecho de defensa. En el expediente se habría denegado a la Defensa la posibilidad de realizar una pericia psicológica de parte respecto de la denunciante y hasta el momento, el Fiscal sólo habría requerido un informe pericial psicológico oficial de la denunciante pero nunca del acusado. Todo denotaría una evidente desigualdad procesal.
«Tenemos mucha impotencia, tristeza y una familia destruida por una acusación falsa» concluyeron los padres del acusado.
