En el día de ayer se perpetró un avasallamiento al Estado de Derecho, lo que motivó nuestro retiro de la Cámara de Diputados. El oficialismo, violando el Reglamento de la Cámara de Diputados, designó a Julián ALVAREZ y Juan FORLON como representantes en la Auditoría
General de la Nación (AGN). Sin haber sido incluido en el orden del día de la Sesión, el Frente para la Victoria trató la designación de ambos auditores. Los diputados oficialistas no se encontraban habilitados para incluir en el orden del día un punto adicional, en tanto no contaban con la mayoría especial requerida. La nueva designación no sólo es irregular en cuanto al procedimiento, sino que además debe realizarse después del 10/12/2015, en tanto los auditores tienen mandato vigente hasta esa fecha”. Por otro lado, la AGN debe reflejar la composición de la nueva Cámara de Diputados, por lo que las designaciones recién pueden realizarse después de la asunción de los nuevos legisladores,
Es evidente que estas dos nominaciones tienen como objetivo evitar que se controle de manera imparcial el gobierno que termina y desembocará en actuaciones ante las justicia.
La Auditoría General de la Nación que tiene rango constitucional (art. 86 CN) con autonomía funcional, que tiene a su cargo el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Resulta clave su conformación en un sistema democrático en tanto su función tiene que ver con la transparencia en la utilización de fondos públicos. El presidente de la AGN es designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Actualmente se halla a cargo del Dr. Leandro DESPUY.
La bochornosa decisión del oficialismo nos obligó a no participar de una sesión en la cual se aprobaron proyectos que tenían nuestra firma en el despacho de comisión como la rebaja de lo combustibles para la zona patagónica, Malargue y Carmen de Patagones y la ley de promoción para las pequeñas industrias de aerogeneradores en el cual habíamos introducido modificaciones al proyecto original en comisión.
Urge que nuestro país deje de lado este tipo de expresiones de ilegalidad y se encamine hacia los consensos de las políticas de Estado.