En el descargo publicado por las empresas revelaron que a las dos reservas naturales mendocinas ya existentes, desean anexionar una tercera, que comprendería también las nacientes de ambos cursos, y que utilizan el agua a su antojo.La publicación tuvo fuerte repercusión en nuestra provincia, donde a la indignación de las personas y organizaciones se sumó rápidamente la decisión del gobierno pampeano de informar esta novedad a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del expediente en el cual se está tratando de acordar cómo realizar el manejo conjunto y equitativo del río Atuel. A principios de la semana pasada, las empresas elaboraron un comunicado de prensa que subieron a sus redes en el que aclararon, en primer lugar, que no realizan actividad minera, y a renglón seguida detallaron los alcances del acuerdo con el gobierno mendocino.
De su lectura surge con claridad que tanto las firmas privadas como el gobierno de Mendoza, en manos de Alfredo Cornejo en ese momento, ignoraron de plano los fallos judiciales que determinan la interprovincialidad del río Atuel, que ordenan hacer un manejo conjunto y solidario de sus aguas y buscar los mecanismos para una gestión conjunta del recurso.
No solo ello sino que revelaron que a las reservas naturales ya existentes, Laguna del Atuel y Laguna del Diamante, desean crear una nueva área protegida, emplazada entre aquellas dos, que sería la Reserva Natural Privada «El Sosneado». Ese es el nombre de la estancia propiedad de la firma Sominar. En esta estancia se encuentran las dos reservas naturales mientras que la firma Luncay «posee manantiales y surgentes de agua mineral dentro de la misma Estancia El Sosneado que no se encuentran en explotación».
