Desde la oposición alientan estas movilizaciones que carecen de sustento y que representan un verdadero peligro para la salud. Sin necesidad de mirar al AMBA, en La Pampa sabemos bien qué es lo que puede ocasionar una actitud de estas características
Por Lisandro Moreno
Lo que se pudo ver ayer en la plaza San Martín de Santa Rosa, y que se replicó en todo el país, es una muestra más de la irresponsabilidad de un sector de la sociedad. En medio de una pandemia mundial, donde el número de muertos crece día a día, desde la oposición vienen fogoneando una serie de marchas contra la cuarentena, la expropiación de Vicentin (o a favor del descarado robo al Estado), la reforma judicial, a favor de «la libertad y la verdad», y cualquier otro tema que se sume a la agenda política.
El día elegido para ello fue el 17 de agosto, fecha en la que se conmemoran 170 años del fallecimiento del General José de San Martín. La convocatoria compartida en las redes sociales, replicada por dirigentes de peso del PRO como Patricia Bullrich, estaba acompañada por la frase del prócer: «Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla».
Resulta irónica la propuesta, más si tenemos en cuenta que durante los cuatro años que gobernaron arrasaron con «la Patria» y priozaron sus negociados en el exterior. Además, no es menor recordar aquel fatídico acto en el que, durante los festejos de los 200 años de la indenpendecia, Mauricio Macri afirmó: «Los patriotas debían haber sentido una gran angustia por tener que separarse de España. Estoy acá (en Tucumán) tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de España», expresó Macri frente a la mirada del rey emérito Juan Carlos de Borbón, uno de los «invitados especiales» a la celebración.
Los dueños de la calle.
Otro aspecto paradójico es que estos sectores hoy pretenden adueñarse de la calle, repito en plena pandemia, meses atrás renegaban de las protestas de los sectores populares y defendían a rajatabla la represión de las fuerzas de seguridad, al punto de avalar las palizas a los jubilados en 2017, cuando se discutía en el Congreso la reforma previsional.
Entonces, ¿de quienes son las calles? Una vez más, de los que se creen dueños de todo.
Que la república, que la libertad, la democracia y las instituciones. Desde la oposición alientan estas movilizaciones que carecen de sustento y que representan un verdadero peligro para la salud. Sin necesidad de mirar al AMBA, en La Pampa sabemos bien qué es lo que puede ocasionar una actitud de estas características. El trauma del brote que se originó en Catriló está a la vuelta de la esquina y nadie olvida que en menos de una semana pasamos de 8 a más de 170 casos.
Mientras el personal de Salud realiza un esfuerzo sobrehumano para salvar la mayor cantidad de vidas, y mientras las autoridades nacionales y provinciales trabajan mancomunadamente para evitar que se dispare la curva de contagios y la situación se torne incontrolable, la sensación que deja la actitud de la oposición es que buscan instalar en el imaginario una idea de que la cuarentena es sinónimo de dictadura, pero si la gente se enferma y muere la culpa es del gobierno por no cuidarnos.
Esto demuestra que la oposición, principalmente el macrismo, está sin rumbo, aunque totalmente decidida a avanzar, envalentonados gracias al blindaje de los medios de comunicación empresariales.
Sin asidero.
Basta analizar algunos de los puntos por los que protestan los «terroristas económicos» que destruyeron al país para concluir que sus «reclamos» no tienen asidero alguno. Carlos Del Frade, legislador santafesino, compartió datos que se desprenden del expediente de Vicentin que se tramita en la Justicia y que avalan la decisión estratégica de avanzar del Estado sobre una empresa que defraudó a todos. «Entre agosto y diciembre de 2019, los directivos de Vicentin tuvieron 795 millones de dólares otorgados por el Banco Nación», contó y agregó que a través de una auditoría se pudo determinar que se hicieron «1418 transferencias bancarias de ese dinero a cuentas personales». De esta manera, el dinero del pueblo fue a parar a los bolsillos de directivos de Vicentin.
Con respecto a la reforma judicial propuesta por Alberto Fernández, la propuesta fue atacada incluso antes de conocerla, aunque sin argumentos sólidos. El texto de la normativa no deja dudas respecto de la continuidad de todas las causas ya iniciadas ante los mismos jueces que las tienen ahora, por lo que CFK no gozaría de ningún tipo de beneficio. «No la librará de Ercolini, como tampoco le hubiera quitado de encima a Bonadío, quien encontró la forma más perfecta de eludir el juicio político que merecía», sentenció Horacio Verbitsky.
¿Y la defensa de la República? Un ejemplo basta para dar por tierra con este «reclamo». Se trata de la causa por espionaje ilegal que se está investigando, donde políticos en aquel entonces opositores y oficialistas fueron espiados, se armaron causas truchas y se filtraron escuchas en los medios de comunicación. Una muestra más contundente de la violación de los derechos y el manoseo a la democracia.
Finalmente, en las últimas semanas parece que a la oposición se le despertó una preocupación por los casos de violencia institucional, que es una de las grandes deudas de esta democracia y que ningún gobierno pudo subsanar. Pero no hay que olvidar quienes fueron los que defendieron a capa y espada a gendarmería y quienes recibieron con los brazos abiertos a un policía que fusiló por la espalda a un joven, enviando un claro mensaje a toda la fuerza.
El macrismo no acusa recibo de la dura derrota electoral que sufrió el año pasado y está decidida a atacar al oficialismo, utilizando cualquier excusa de pantalla. En el medio, hay vidas en juego y eso parece no importarle.
Un año sin pagar.
Una de las figuras que encabezó la marcha fue el dirigente Juan Carlos Passo. Según su redes sociales, reside en General Pico, pero se sumó a la caravana de Santa Rosa y acompañó al diputado del PRO, Martín Ardohain, entre otros dirigentes de la oposición. ¿Violó la cuarentena?
En más, la camioneta VW Amarok en la que los dirigentes del PRO como Martín Ardohain y Enrique Juan junto a Passo, marcharon ayer por la ciudad, en la convocatoria opositora del 17-A, tiene una deuda de patentes de 25.899,95 pesos, según la DGR de la provincia. El vehículo es modelo 2018.